Las empresas constructoras de vivienda analizan los mecanismos para reintegrar en menos de 10 días las cuotas cobradas a los compradores por concepto de ajuste basado en el índice de precios al consumidor o inflación, que se generaron desde el 10 de noviembre del año pasado.
"Cada empresa tiene su propia realidad financiera, algunos habrán invertido ese dinero en la construcción, en materiales y otros buscarán la forma de regresar esos recursos en efectivo", dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, Fernando Azpúrua.
En algunos casos se estudia descontar el dinero cobrado por el IPC de las cuotas que restan para pagar la vivienda.
El Gobierno prohibió que los contratos de compraventa o protocolización de viviendas nuevas o en construcción, incluyan el cobro de tasas, porcentajes o sumas adicionales de dinero basados en la aplicación de la inflación.
Azpúrua afirmó que el sector acatará la resolución del Ejecutivo y hará el esfuerzo para que no se interrumpan las obras, en virtud de que existe la intención de intervenir aquellos proyectos que no se puedan concretar.
"Necesitamos establecer una mesa de diálogo con el Gobierno para resolver el problema que se suscite con aquellos proyectos residenciales que no se puedan terminar. Esperamos que no se intervengan las obras, al contrario que se faciliten mecanismos para que pueda proseguirse con la construcción y se incremente el número de viviendas para atender el déficit de viviendas".
El empresario explicó que las viviendas hoy tienen un precio, pero al termino de la obra se han generado una serie de gastos que hace que el costo de producción se eleve.
"Entendemos que no se puede tomar una medida de ajuste de los precios hacia arriba, que perjudique a los compradores, pero tampoco se puede aceptar que se fije un precio por debajo de lo que cuesta construir una vivienda, porque eso afectará el financiamiento y la sostenibilidad económica del proyecto", advirtió. Azpúrua propone que se establezca un acuerdo para facilitar el pago de la vivienda y garantizar la continuidad de las obras.
Recordó que gracias al mecanismo de la preventa en la que se facilitaba el pago por inicial y cuotas ajustadas a la inflación, mucha gente tuvo posibilidades de adquirir viviendas y acceder a los créditos hipotecarios.
"Desde 2005 gracias a las leyes del deudor hipotecario y del régimen prestacional de vivienda y hábitat, el sector privado pasó de construir 5.000 viviendas anuales a 45.000 unidades al cierre de 2008, lo que representó un crecimiento de 700%. Esto demostró que cuando hay reglas claras el sector construcción y los productores de vivienda responden positivamente generando puestos de trabajo y dinamizando la economía", afirmó.
Cifras del Banco Central de Venezuela indican que 133.859 viviendas están en construcción y 122.946 en proyecto de inicio entre planes públicos y privados.
Unidades más caras. El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, reconoce que hay promotores que no cumplen con el tiempo de entrega de las viviendas y deciden cobrar a los compradores un dinero adicional, lo cual es negativo.
Dijo que efectivamente era necesario regular el cobro del IPC, pero cree que no se debió eliminar porque ahora se verán afectados los planes de construcción, aumentarán los precios de los inmuebles y bajará la oferta de viviendas. "El que está comprando actualmente y tiene una preventa corre el riesgo de que se paralice la obra y, además, que se intervenga. Se está creando un enfrentamiento innecesario entre los compradores y los constructores cuando lo que se debe hacer es una alianza para incrementar la construcción y reducir el déficit", señaló.
A su juicio los constructores pueden suspender las preventas y tratar de conseguir recursos de la banca para financiar las obras, pero esto tendrá una incidencia en los precios y la gente no tendrá capacidad de pago. Por otro lado, al no poder alterar el precio ni ajustarlo durante el tiempo de construcción, se buscará la manera de calcular el costo de producción de la vivienda y el precio igual subirá.
"Cada empresa tiene su propia realidad financiera, algunos habrán invertido ese dinero en la construcción, en materiales y otros buscarán la forma de regresar esos recursos en efectivo", dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, Fernando Azpúrua.
En algunos casos se estudia descontar el dinero cobrado por el IPC de las cuotas que restan para pagar la vivienda.
El Gobierno prohibió que los contratos de compraventa o protocolización de viviendas nuevas o en construcción, incluyan el cobro de tasas, porcentajes o sumas adicionales de dinero basados en la aplicación de la inflación.
Azpúrua afirmó que el sector acatará la resolución del Ejecutivo y hará el esfuerzo para que no se interrumpan las obras, en virtud de que existe la intención de intervenir aquellos proyectos que no se puedan concretar.
"Necesitamos establecer una mesa de diálogo con el Gobierno para resolver el problema que se suscite con aquellos proyectos residenciales que no se puedan terminar. Esperamos que no se intervengan las obras, al contrario que se faciliten mecanismos para que pueda proseguirse con la construcción y se incremente el número de viviendas para atender el déficit de viviendas".
El empresario explicó que las viviendas hoy tienen un precio, pero al termino de la obra se han generado una serie de gastos que hace que el costo de producción se eleve.
"Entendemos que no se puede tomar una medida de ajuste de los precios hacia arriba, que perjudique a los compradores, pero tampoco se puede aceptar que se fije un precio por debajo de lo que cuesta construir una vivienda, porque eso afectará el financiamiento y la sostenibilidad económica del proyecto", advirtió. Azpúrua propone que se establezca un acuerdo para facilitar el pago de la vivienda y garantizar la continuidad de las obras.
Recordó que gracias al mecanismo de la preventa en la que se facilitaba el pago por inicial y cuotas ajustadas a la inflación, mucha gente tuvo posibilidades de adquirir viviendas y acceder a los créditos hipotecarios.
"Desde 2005 gracias a las leyes del deudor hipotecario y del régimen prestacional de vivienda y hábitat, el sector privado pasó de construir 5.000 viviendas anuales a 45.000 unidades al cierre de 2008, lo que representó un crecimiento de 700%. Esto demostró que cuando hay reglas claras el sector construcción y los productores de vivienda responden positivamente generando puestos de trabajo y dinamizando la economía", afirmó.
Cifras del Banco Central de Venezuela indican que 133.859 viviendas están en construcción y 122.946 en proyecto de inicio entre planes públicos y privados.
Unidades más caras. El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, reconoce que hay promotores que no cumplen con el tiempo de entrega de las viviendas y deciden cobrar a los compradores un dinero adicional, lo cual es negativo.
Dijo que efectivamente era necesario regular el cobro del IPC, pero cree que no se debió eliminar porque ahora se verán afectados los planes de construcción, aumentarán los precios de los inmuebles y bajará la oferta de viviendas. "El que está comprando actualmente y tiene una preventa corre el riesgo de que se paralice la obra y, además, que se intervenga. Se está creando un enfrentamiento innecesario entre los compradores y los constructores cuando lo que se debe hacer es una alianza para incrementar la construcción y reducir el déficit", señaló.
A su juicio los constructores pueden suspender las preventas y tratar de conseguir recursos de la banca para financiar las obras, pero esto tendrá una incidencia en los precios y la gente no tendrá capacidad de pago. Por otro lado, al no poder alterar el precio ni ajustarlo durante el tiempo de construcción, se buscará la manera de calcular el costo de producción de la vivienda y el precio igual subirá.
No hay comentarios:
Publicar un comentario